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Desarrollo Territorial Endógeno

Por su condición de país pluriétnico y multicultural, Colombia confiere en su Constitución Política, un lugar relevante al reconocimiento y respeto por la diversidad cultural.

20 de marzo de 2021 by Margoth Blanco

Por su condición de país pluriétnico y multicultural, Colombia confiere en su Constitución Política, un lugar relevante al reconocimiento y respeto por la diversidad cultural. Según las cifras aportadas por el Censo General realizado por el DANE en el año 2005, en Colombia en ese entonces se autorreconocieron como negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros (NARP) cerca de 4.311.757  personas, quienes representaban el 10,62% de la población colombiana, aunque se estimó que podrían ser aproximadamente el 26% de la población del país dado que se ha documentado que el autorreconocimiento no implica que se haya identificado toda la población negra, mulata, afrocolombiana, raizal y palenquera; de hecho, según las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en el año 2018, el autorreconocimiento NARP de la población censada se redujo en un 30.8%, no obstante, según apreciaciones de la misma Entidad a partir de la Encuesta de Calidad de Vida del 2018, se estableció el volumen estimado de población autorreconocida NARP en  4.671.160, el 9.34% de la población total nacional. Los departamentos con mayor porcentaje de población NARP son el Chocó, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Valle del Cauca, Bolívar y Cauca.

La Ley 70 de 1993, que aún no está reglamentada en su totalidad, establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, garantizarles condiciones reales de igualdad de oportunidades y la obligatoriedad de incluirlos en los diferentes niveles educativos.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”  prioriza y sienta las bases de legalidad, emprendimiento y equidad como vehículo para lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, alineado con un proyecto de largo plazo para que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030. En el PND los objetivos de la política pública son denominados “pactos”, concepto que refuerza la importancia del compromiso y trabajo mancomunado de todas las esferas de la sociedad para su logro; dos (2) de los tres (3) pactos estructurales son el “pacto por el emprendimiento”, que busca expandir las oportunidades de los colombianos y potenciar el crecimiento económico a través de la creación y consolidación de un tejido empresarial y competitivo, y el “pacto por la equidad”, que busca la igualdad de oportunidades y la inclusión productiva de todos los colombianos; asimismo, se enuncian pactos con estrategias transversales como el “pacto por la sostenibilidad”, que busca consolidar acciones encaminadas a encontrar el equilibrio entre la conservación y la producción, o el “pacto por la equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom” que busca consolidar acciones encaminadas a la reducción de brechas que enfrentan los diferentes grupos étnicos. 

A pesar de los cambios constitucionales y jurídicos, diversos estudios confirman que la población NARP aún tiene un significativo rezago socioeconómico y político frente al resto del país, evidenciado en altos índices de necesidades básicas insatisfechas que reflejan que los hogares de poblaciones NARP son mucho más vulnerables ante la adversidad, caen más fácilmente en la pobreza y sufren con mayor rigor los efectos de la violencia; esto alineado con la evidencia de que una alta proporción de los afrocolombianos económicamente activos son relegados a desempeñarse en los sectores primarios de la economía donde los salarios son muy bajos. Más aún, la tendencia socioeconómica de los hogares de poblaciones NARP no es a mejorar, ya que la inversión que podría generar desarrollo –en capital físico y humano (educación) – aún no está ocurriendo. En ese sentido, para que el cambio requerido sea viable y sostenible, las comunidades NARP deben desarrollar la capacidad de actuar colectivamente a nivel local y nacional para impulsar políticas públicas efectivas y fortalecer la productividad y competitividad de sus territorios.

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